Aquel 23 de febrero

Votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo en el Congreso de los diputados de Madrid. Varios guardias civiles, arma en mano, entran al hemiciclo: “Quieto todo el mundo. Al suelo, todo el mundo al suelo” -se escuchan ráfagas de metralleta-. Es 23 de febrero de 1981.

Dos días después de la muerte del General Francisco Franco el día 20 de noviembre de 1975, y como consecuencia de la Ley de Sucesión, Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado español a título de rey.

Se presentaban entonces tres posibilidades para la nueva etapa política, después de la dictadura militar surgida de la Guerra Civil: el inmovilismo y la continuación del régimen, la ruptura total con el franquismo y, por último, un reformismo posibilista hasta alcanzar un sistema democrático.

El nuevo jefe del Estado asumió, desde el discurso inaugural de su reinado, la tarea de dotar al país de un régimen político homologable con el del resto de países occidentales. No obstante, el proceso, conocido después como “la transición democrática”, no estaría exento de dificultades.

Plenamente vigentes la legislación, las instituciones y, muy especialmente, las Cortes franquistas, tras la jura de su cargo el monarca confirma en la presidencia del gobierno a Carlos Arias Navarro, aun cuando se incorporan al gobierno ministros “aperturistas” como José María de Areilza y Manuel Fraga Iribarne.

Sin embargo, en junio de 1976, decepcionado por la actitud de Arias Navarro con respecto al proceso de reformas necesario, el Rey fuerza su dimisión para nombrar presidente de gobierno a Adolfo Suárez, personaje también del régimen que sería el encargado de pilotar la transición de la legalidad franquista a un nuevo orden político de carácter democrático.

Entre los acontecimientos más importantes en ese proceso, está la aprobación el 18 de noviembre de 1976, por las propias Cortes franquistas, de la Ley para la Reforma Política, posteriormente ratificada por referéndum nacional, y que recogía los aspectos básicos para la superación del propio franquismo:

– Reconocimiento de la soberanía popular.

– Afirmación de la inviolabilidad de los derechos individuales.

– Creación de unas Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal directo y secreto, exceptuando hasta un 20% de los diputados, que podían ser elegidos por el rey. Estas cortes podrían modificar las Leyes Fundamentales franquistas o establecer una nueva legalidad.

– Legalización de los partidos políticos.

Como consecuencia de este nuevo marco legal, se sucedieron en muy pocos meses los siguientes acontecimientos:

– Legalización de los partidos políticos, especialmente la del Partido Comunista de España, el Sábado Santo de 1977, que provocó grandes tensiones en el ejército, incluida la dimisión del ministro de Marina.

– Convocatoria y posterior celebración de elecciones generales a Cortes constituyentes en junio de 1977, con victoria de la Unión de Centro Democrático (UCD), amplia coalición de partidos reformistas liderada por Adolfo Suárez, seguida por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a la cabeza del cual se encontraba Felipe González.

– Finalmente, el 31 de octubre de 1978, las Cortes aprueban la Constitución Española vigente, que sería ampliamente refrendada por el pueblo español mediante el referéndum celebrado el 6 de diciembre de ese mismo año.

– Concluido el período constituyente, se convocan nuevas elecciones generales para el 1 de marzo de 1979, que son nuevamente ganadas por la UCD del presidente Suárez, con el PSOE en segundo lugar, confirmando los resultados de 1977, y el PCE (Partido Comunista de España) como tercera fuerza política.

– El 1 de abril de 1979, se celebran también las primeras elecciones democráticas en ayuntamientos y diputaciones provinciales, con resultados similares a las generales, pero donde, tras pactos con comunistas y nacionalistas, los socialistas consiguieron un número muy importante de alcaldes en las principales ciudades del país.

– El 25 de octubre de 1979, se legalizan, mediante referéndum, los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco, aprobados previamente en el parlamento por las principales fuerzas políticas, y que suponían el inicio de un proceso de descentralización del Estado.

A lo largo de 1980, el desgaste de toda esta vertiginosa actividad política, la creciente actividad terrorista de ETA y GRAPO y los devastadores efectos sociales de la crisis económica que se venía arrastrando a partir de la crisis del petróleo de 1973, configuran un escenario político extraordinariamente complejo que va deteriorando al gobierno y a su presidente.

En mayo de ese mismo año, el PSOE presenta una moción de censura contra Suárez, si bien legalmente fallida, políticamente demoledora para él frente a la figura emergente de Felipe González.

La moción acrecienta los problemas entre las distintas familias políticas que convivían en la Unión de Centro Democrático y desemboca en la pérdida de apoyos internos y dimisión de Suárez como presidente de gobierno el 29 de enero de 1881.

Leopoldo Calvo Sotelo, en cuya investidura como presidente del gobierno se produjo el golpe

El rey designa a Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo candidato a la presidencia de gobierno. Fue precisamente en la tarde-noche del 23 de febrero, mientras se celebraba la segunda votación de investidura, cuando el coronel Antonio Tejero Molina y varios guardias civiles irrumpieron en el hemiciclo. Con el conocido grito “Quieto todo el mundo” tomaron el Congreso, ordenando a todos los presentes tirarse al suelo con disparos de ráfagas de metralleta al aire. Sólo el presidente Suárez y el general y vicepresidente para asuntos de la defensa Manuel Gutiérrez Mellado opusieron resistencia. Esa misma noche, el capitán de la guardia civil de Valencia, Millans del Bosh, ordenó sacar los tanques por las calles de la ciudad, decretando el toque de queda en la III Región Militar. Además, sobre las siete de la tarde, fuerzas militares tomaron durante unas horas RTVE, prohibiendo la emisión de informativos y sustituyendo estos por música militar.

Todo el proceso político iniciado tras la muerte de Franco estuvo en juego en aquellas horas. El gobierno, los principales líderes políticos y los representantes del pueblo español estaban secuestrados y a merced de los golpistas. El “ruido de sables”, la permanente tentación de algunos sectores influyentes del ejército franquista de tutelar la política española se había materializado de forma espectacular después de muchos años de rumores y algún otro intento frustrado tengo entendido comenta Álvaro Sáenz en su artículo “Las dudas del 23-F”.

Tras la emisión de madrugada de un mensaje televisado del Rey, en el que se posiciona inequívocamente al lado del orden constitucional, Millans del Bosch retira los tanques de Valencia. Asimismo, el general Armada, haciendo uso de su “papel negociador”, se ofrece al coronel Tejero como presidente de un gobierno de concentración nacional, descubriendo así sus intenciones y tratando de este modo de retomar una conspiración previa que había fracasado a causa de la dimisión de Suárez.

El coronel Tejero rechaza “la solución Armada” y, en la mañana del día 24, es consciente de haber perdido el apoyo con el que horas antes había cruzado la puerta del palacio de Congresos. Algunos guardias civiles abandonan el hemiciclo por las ventanas, pues habían acudido engañados, creyendo su misión iba a ser proteger el edificio de un altercado terrorista. Sobre la una de la tarde, los diputados son liberados.

Tejero, Armada y Milans del Bosch serían condenados en consejo de guerra a treinta años de cárcel. De esta manera, el 23-F sirvió para dar a conocer a los pocos que apoyaban el franquismo en un país que, sin duda, creía en la democracia.