El reto del acceso a la justicia

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 forma parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y busca construir sociedades pacíficas e inclusivas, con justicia para todas las personas y buenas instituciones que funcionen correctamente. Uno de los aspectos más importantes a mi parecer de este objetivo, es el acceso a la justicia para todos, es decir, que todas las personas cuenten con las herramientas necesarias para defender sus derechos cuando lo necesiten. Aunque la justicia está reconocida como un derecho en muchos países, en la práctica no todas las personas tienen el mismo acceso. Esto sigue siendo un reto en el mundo actual.

El acceso a la justicia significa que cualquier persona, sin importar su dinero, educación, género o el lugar donde vive, pueda conocer sus derechos y hacerlos valer ante los tribunales o ante las instituciones competentes. Sin embargo, hay muchas barreras que impiden que esto sea real. Por ejemplo, los costes de los procesos judiciales o la necesidad de pagar abogados hacen que muchas familias no puedan permitirse defender sus derechos. La falta de información y el desconocimiento de la ley también dificultan que muchas personas sepan qué pueden hacer cuando ven vulnerados sus derechos.

Además, hay colectivos que tienen aún más dificultades para acceder a la justicia. Estos pueden ser personas que viven en zonas rurales o pobres, migrantes que no dominan el idioma del país donde viven, personas con discapacidad o incluso quienes tienen poca educación formal. En estos casos, las barreras son mayores porque también influyen factores sociales y culturales que complican aún más la defensa de sus derechos.

En la actualidad, se han celebrado reuniones importantes para intentar mejorar esta situación a nivel mundial. Por ejemplo, en Madrid, del 12 al 14 de noviembre de 2025, se ha celebrado la 10ª Mesa Redonda Global de la OCDE sobre Igualdad de Acceso a la Justicia, donde representantes de más de 40 países han debatido cómo hacer que los sistemas judiciales sean más accesibles para todas las personas.

Y como dijo Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, en esa reunión tan importante: “La Justicia debe ser entendida como un servicio público esencial y una pieza clave para garantizar los derechos de todas las personas.” En mi opinión, esta frase es muy significativa porque nos recuerda que la justicia no debe ser algo que solo unos pocos pueden usar, sino un servicio que pertenece a toda la sociedad. Esto quiere decir que todos deberíamos tener la oportunidad de acceder a los tribunales y a la defensa de nuestros derechos sin importar nuestra situación económica o social. Si las instituciones no hacen esto posible, entonces no se cumple realmente con la idea de justicia para todos.

 

Otro motivo por el que sigue siendo un reto el acceso a la justicia es la lentitud de los sistemas judiciales. En muchos países, los procesos judiciales pueden durar años, y cuando las personas necesitan una solución rápida, esto hace que muchas veces se cansen de luchar o simplemente abandonen sus reclamaciones. Esto puede ocurrir cuando una persona tiene un conflicto laboral, una disputa por un contrato o incluso una situación de violencia, y necesita una respuesta rápida para proteger sus derechos o su seguridad.

También influye la manera en la que el sistema judicial está organizado. En muchos casos, los procedimientos son complicados y tienen un lenguaje muy técnico, lo cual hace difícil que una persona normal entienda qué debe hacer. Esto significa que muchas veces se necesita un abogado especializado para poder enfrentarse al sistema, lo cual puede encarecer y hacer más difícil el acceso a la justicia para quienes no tienen recursos.

A pesar de las dificultades, el ODS 16 propone soluciones que pueden ayudar a mejorar esta situación, como ofrecer asistencia jurídica gratuita a quienes no pueden pagar un abogado, mejorar la educación sobre derechos en las escuelas y facilitar el acceso a la información legal mediante canales claros y comprensibles. También es importante que los países inviertan en mejorar y modernizar sus sistemas de justicia, de manera que sean más rápidos, eficientes e inclusivos, especialmente para las personas más vulnerables.

Una de las soluciones, y que además uno de los pilares fundamentales para cumplir el ODS 16 de la Agenda 2030 es la abogacía de oficio, que garantiza el acceso a la justicia a quienes no disponen de recursos. Este sistema se aplica en Europa desde hace décadas, aunque su funcionamiento y financiación varían según el país, siendo más eficaz en algunos Estados que en otros. A pesar de su larga implantación y de su papel clave en la igualdad ante la ley, la asistencia jurídica gratuita aún presenta carencias, por lo que necesita mejoras para alcanzar un nivel plenamente justo y eficiente.

 

En conclusión, el acceso a la justicia para todos sigue siendo un reto hoy porque existen muchas barreras sociales, económicas y estructurales que impiden que el derecho a la justicia sea realmente igual para todas las personas. Aunque se están realizando esfuerzos a nivel nacional e internacional —como la reunión de la OCDE en Madrid— todavía queda mucho por hacer. Garantizar que todas las personas puedan defender sus derechos no solo mejora su vida, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y la cohesión de toda la sociedad.

 

 

 

 

 

 

Fuentes utilizadas:

1. OCDE — OECD Global Roundtable on Equal Access to Justice
   https://www.oecd.org/en/events/2025/11/2025-oecd-global-roundtable-on-equal-access-to-justice.html
2. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (España) — Bolaños destaca la necesidad de acelerar las reformas para una Justicia moderna
   https://www.mjusticia.gob.es/es/institucional/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/dialogo-ocde
3. OCDE — Access to justice
    https://www.oecd.org/en/topics/access-to-justice.html