El Plan Hidrológico Nacional hace aguas

Sobre como la construcción de una economía se hace a costa del medio natural y humano que la soporta.

Durante los últimos meses hemos estado escuchando en una gran parte de los medios de comunicación, las propuestas y los reproches dirigidos por los grupos parlamentarios y la humilde opinión de cientos de personas, que se manifestaban con diversidad de posturas sobre el plan hidrológico nacional y muy en particular sobre el trasvase del río Ebro. El tema es digno de comentario, puesto que se trata de una colosal obra en lo que a magnitud de las futuras infraestructuras que serán construidas se refiere. En la presente disputa se han llevado a cabo manifestaciones explicitas de rechazo a la realización del proyecto. 

Estas reivindicaciones han sido organizadas en su mayoría por agricultores insatisfechos por las decisiones del ejecutivo central que además expresan su temor a que sus cultivos se vean afectados en el futuro por las sequías que anticipa el acuciante cambio climático que se está fraguando por la emisión de gases contaminantes a nuestra atmósfera, como el CO2.

Como cabía prever se han producido lógicamente las reacciones opuestas a las anteriores remitidas por parte de los levantinos y por el gobierno representado por el ministro de medio ambiente, Jaume Matas que declaró: “El agua sobra puesto que gran parte de ella llega al mar”. Lo que el ministro no ha analizado en profundidad es la repercusión que tendría la falta de agua, en la desembocadura del Ebro, para los cultivos del delta.

Con la disminución de las aguas que llegarían al delta, no se depositarían tantos sedimentos y podría llegar a desaparecer.

El agua que se ceda del Ebro en cantidades aproximadas a 1050 Hm3 corresponderá en un 44% al consumo urbano y el restante 56% corresponderá en exclusivo a cubrir el riego de los cultivos existentes.

El plan actual tiene las características aprobadas en su día por el consejo de ministros que consisten en, una inversión de 3768 millones de euros, que se harían efectivos entre el año 2001 y el 2008.

Como medida de prevención en caso de que la toma de caudal no supere 100m3 no se realizará el trasvase, el precio del agua ascenderá 0,31 euros por m3/s y no habrá trasvase entre junio y septiembre.

Según la opinión de la mayoría de los grupos ecologistas (ADENA) el proyecto es un atentado contra la naturaleza ya que se propone un modelo que se basa en una agricultura intensiva en las zonas más rentables y un crecimiento urbanístico desmedido depredador de los recursos y espacios naturales. Con estas características proseguirá la realización siempre polémica del proyecto que cambiará para siempre la geografía de la península y los hábitos de la multitud de especies animales y vegetales que sobreviven en el río.

Tradicionalmente la falta de agua en áreas que serían agrícolamente productivas ha sido considerando un factor que obstaculiza el crecimiento y la expansión socioeconómica.

Esta característica ha provocado que se produzca una oferta de agua como un mecanismo aceptable a la vista de los ciudadanos y políticamente correcto que ha dado sus frutos, considerando que España es el 4º país del mundo de grandes presas, superando las 1200.

El descontento generalizado de todos los grupos ecologistas se ensañan de manera justificada en que España no penaliza la mala gestión de agua o despilfarro, siendo esto insólito en un país que se considera entre los más avanzados en lo que se refiere a la legislación. Desgraciadamente la política de oferta de agua sigue en auge y es muy difícil cambiar una conducta que daña tanto nuestro medioambiente.