¿Es posible aplicar la Ley de la Memoria Histórica?

Cuando leáis este artículo, el juez Garzon, uno de los pocos españoles que han puesto esperanza en los anhelos de muchas personas por recuperar a sus seres queridos, fallecido o asesinados hace años, estará prestando declaración ante un juez, por ese motivo. El tema es tan grave que la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de países representados en Naciones Unidas han elaborado y publicado un escrito en el que apoyan al juez español y muestran su preocupación por que un juez sea perseguido por buscar la verdad y la justicia.

El diario El País del Martes 8 se hacia eco de las protestas de muchos juristas progresistas que no ven en la actuación de Garzon, delito alguno, pese a estar imputado, en una querella de Manos Limpias por su investigación de los crímenes contra la Humanidad cometidos durante la Guerra Civil española. Esta agrupación conservadora ha mantenido, junto a Libertad e Identidad, una firme lucha contra el deseo del juez de abrir fosas de la guerra civil y averiguar la verdad de aquellos años. Frente a eso, se le ha acusado de prevaricación y percepción de cobros indebidos al dar clase en la Universidad de Nueva York.

El tema no solo pone sobre la mesa los limites de la actuación de la justicia, especialmente en causas complejas como esta, incluida entre los llamados crímenes contra la Humanidad, que España, debido a los acuerdos internacionales firmados, tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente, sino la dificultad para aplicar la Ley de la Memoria Histórica en España.

La Ley de la Memoria Histórica es una ley española que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de Octubre de 2007, a partir de un primer proyecto que fue ratificado previamente por el Consejo de Ministros en Julio de 2006, durante la primera legislatura de José Luís Rodríguez Zapatero como Presidente del Gobierno de España.

Esta Ley implica el reconocimiento de todas y cada una de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, la apertura de las fosas comunes donde yacen los restos de los vencidos en la Guerra y la retirada de los símbolos franquistas de las zonas públicas.

Tras la aprobación de esta famosa ley, muchos han sido los que se han manifestado en su contra, alegando que no se deben reabrir viejas heridas del pasado. Por el contrario hay otros muchos que piensan que por fin se han reconocido sus derechos y que ahora pueden recuperar los cuerpos de sus familiares caídos en la guerra. Esta diversidad de opiniones ha suscitado una gran polémica jurídica, política, económica e incluso moral.

Ya en 1969, 30 anos después de la Guerra Civil Española, el General Francisco Franco dictó un decreto por el cual prescribían todos los delitos cometidos antes de 1939, en el final de la Guerra Civil.

Tras su muerte y con la llegada de la democracia, se fueron aprobando una serie de leyes que reconocían los derechos de las víctimas de la Guerra y se les beneficiaba por el sufrimiento que habían padecido, como por ejemplo la Ley de Amnistía del 77 o diversas pensiones e indemnizaciones. La verdadera polémica nunca surgió hasta el 2007 cuando se aprobó esta ley por la cual “se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”.

Las causas por las que surgió la necesidad de crear esta ley fueron de diversa índole. Por una parte, se había disparado desde el ano 2004 el interés por la memoria histórica. Además, según diversas encuestas, el porcentaje de espanoles que consideran negativo el régimen franquista, aumentó considerablemente, así como el de personas que creen que el franquismo dejó una huella considerable en Espana. Por último, también se disparó la creación de asociaciones a favor de La Memoria Histórica. En resumidas cuentas, aún hay conflictos latentes sobre la dictadura de Franco que se mantuvo durante casi 40 anos.

En cuanto al ámbito político, la consideración de la memoria histórica fue muy diferente en las 2 últimas legislaturas (2.000-2004 y 2004-2008), pues incluso se declaró el ano 2006, como ano de la Memoria Histórica. En este período disminuyó la concepción de la Transición a la Democracia como positiva y aumentó la idea de considerar al período franquista como negativo.

Las resoluciones principales de esta ley aprobada en 2007 fueron:

• Respecto a los Juicios del Franquismo, esta ley les considera ilegítimos, y aunque no les anula sí establece que se admitirán revisiones de estos Juicios Sumarios.

• También establece nuevas ayudas y la ampliación de las ya existentes para las víctimas de la Guerra. En cierto modo estas ayudas sirven para compensar todo el dinero que se vieron obligadas a ceder las familias durante el Franquismo, que supera la cantidad de 3.500 millones de las antiguas pesetas. Diversas asociaciones han intentado recuperar todo este dinero décadas más tarde.

• La despolitización del Valle de los Caídos, lugar donde se encuentran enterrados más de 30.000 combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil. Según esta ley, se aplicarán al lugar las normas de cualquier lugar de culto, prohibiendo terminantemente cualquier acto de exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura.

• La apertura de las fosas comunes, donde el Estado ayudará a encontrar e identificar los cuerpos de la represión franquista.

• La retirada de los símbolos franquistas de cualquier vía pública: refiriéndose a estatuas, insignias, placas y otros objetos conmemorativos. Precisamente la última estatura retirada ha sido en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, el 18 de diciembre del 2008. Se trataba de una estatua ecuestre de Franco instalada en esta plaza en el ano 1964 por lo que hasta el ano 2001 fue llamada ‘Plaza del Generalísimo’. Con esta retirada ya sólo queda una estatua del dictador, situada en la ciudad autónoma de Melilla, en una zona fronteriza con Marruecos. Esta ciudad aún se resiste a retirar la estatua.

• Por último, también se concederá la nacionalidad espanola a hijos y nietos de republicanos que fueron exiliados y que la soliciten entre 2009 y 2011. Esta disposición ha suscitado gran polémica ya que diversas asociaciones afirman que podría generar una ‘entrada masiva’ de nuevos españoles, pues además de permitir la entrada de nietos y bisnietos de los republicanos, se dirige a los hijos de padre o madre español aunque no hayan nacido en el país.

Las principales críticas en el plano moral ante esta ley fueron emitidas por el Partido Popular, el principal Partido de la Oposición, que consideran que esta ley conlleva el recuerdo de todo el sufrimiento que acaeció en el pasado y la reapertura de ‘viejas heridas’. También afirman que apoyando esta ley, traicionarían los pactos que se firmaron durante la Transición. El Presidente de dicho partido, Mariano Rajoy, anunció que derogaría esa ley si ganaba las elecciones del 2008, algo que finalmente no sucedió.

Otras críticas alegan que con la aplicación de esta ley sólo se generará división entre los ciudadanos y un importante desembolso económico por parte del Gobierno para llevar a cabo todas las disposiciones de esta ley. Muchos consideran que España aún no está preparada para afrontar el gran peso que conlleva esta ley.

Incluso el Juez Baltasar Garzón se decidió en su momento a abrir diligencias para requerir listados de fallecidos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, generando una gran polémica y oposición por parte de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, pues pretendió movilizar a todas las parroquias y ayuntamientos del país para conseguir los listados de desaparecidos que se ha cifrado en 30.000.

Contra todo pronóstico, un mes después de haberse hecho cargo del caso, Garzón afirmó que no correspondía a la Audiencia Nacional investigar estos hechos, acabando con la esperanza de muchos españoles.

En la actualidad los conflictos que genera esta ley están presentes, pues el gobierno ha dejado la tarea de retirar los símbolos franquistas así como otras disposiciones en manos de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, provocando una desigualdad e incertidumbre en las víctimas.

Sin lugar a dudas la Ley de la Memoria Histórica es una ley difícil. Han sido necesarios más de 30 anos para su concepción. Está claro que hubo vencidos en ambos bandos pero sólo los vencedores tuvieron su momento de gloria con el final de la Guerra Civil. Con el paso del tiempo se han creado otras leyes y ayudas para las víctimas y familiares del otro bando.

Aún así, no se puede negar a esas personas el favor que les hace la justicia, dándoles la oportunidad de poder recuperar los cuerpos de sus familiares y reconociendo esos derechos que en su momento no tuvieron.

El debate sobre esta ley es amplio y aún continúa.

Imagen Radio Segovia