La ley de montes ¿se detiene?

Angela Revuelta

Una de las noticias de la semana ha sido la protesta de cientos de afectados en toda Cantabria.

Debido a ello y a la polémica que se está suscitando, ya desde el verano, tanto en la prensa escrita, como en la televisión, a cerca de la Ley de Montes, pensé: ¿Que seria lo que decía dicha ley?. Entonces me di cuenta que más cerca de lo que yo pensaba había mucha gente que yo conozco afectada por esa ley.

¿Cual es el problema principal? Que dentro de los montes declarados de utilidad publica (montes dedicados al disfrute común) hace más de 100 años se tomaron decisiones equivocadas, o simplemente no se tomaron, dando paso a una gran confusión. Una de las causas de la situación es que dentro de esos montes existen una gran cantidad de fincas privadas sobre la que es necesario hacer un deslinde, para separarlas de los montes públicos, pero eso tan necesario, nunca se ha hecho.

¿Qué es lo que ocurre? Que con la tan traída y llevada Ley de Montes se pretende que todas esas fincas particulares pasen a ser de utilidad publica, y eso es lo que más de 12.000 afectados en Cantabria no pueden permitir de ninguna manera, ya que muchas fincas han pasado de generación en generación durante mas de 150 años, con sus debidas escrituras y su inscripción en el registro de la propiedad. Pero los señores que aplican la ley, en este caso los políticos, dicen que las escrituras, y la inscripción en el registro de la propiedad no tiene validez. Y eso es lo que no se puede permitir de ninguna manera.

En Cantabria, los terrenos de moste o costa (también afectada con la ley de costas) representan más del 80%. Las fincas o propiedades particulares suben por el monte y bajan hasta el borde del mar.

Todo lo anteriormente dicho supone para la población rural restricciones, prohibiciones y pérdidas del valor de sus propiedades que les incitan cada vez más al abandono de sus actividades agrarias y ganaderas y que supondrá un mayor deterioro y despoblamiento de las zonas rurales.

Hay que tener en cuenta, además, que nos encontramos, desde hace tres años, en una profunda crisis económica, de la que el campo de Cantabria es un eslabón más, ya que se viene sufriendo hace más de veinte años y si las cosas no cambian, el campo de nuestra región tiene los días contados.

En un país donde cada vez se están perdiendo más los valores, tenemos que apoyar al sector primario que en una época de crisis son la mejor economía sostenible que puede existir.

Si ahora mismo le quitamos a gran parte de los ganaderos su medio de vida y de trabajo ¿Qué va a pasar con nuestra región?, no solo vamos a poder vivir de turismo.

En todo el tiempo en el que los propietarios llevan investigando y luchando para demostrar que sus propiedades son suyas, han encontrado documentos que datan de 1855 cuando la reina María Cristina debido a la situación de crisis por la que estaba pasando su reino comenzó a vender sus propiedades a los ciudadanos, estas ventas se denominaron desamortizaciones en las que se pagaba el 80% al ayuntamiento propietario de los terrenos y el 20% al estado.

Volvieron a surgir otras ventas del estado en el año 1923/1924, en este caso se llamaban roturaciones arbitrarias que era el mismo tramite el 80% se pagaba al ayuntamiento y el 20% restante a la hacienda publica.

Todo esto se ha conseguido gracias a las hemerotecas, archivos históricos…

¿Cuál es el problemas que surge en toda esta investigación? Que en el año 1936 hubo por medio una guerra civil, la guerra civil española y como consecuencia de ello se destruyeron o eliminaron infinidad de documentos, con lo cual muchos propietarios que no hayan tenido la suerte de tener en sus casas documentos antiguos tienen el problema de que no encuentran cosas, aunque sus fincas están escrituradas y registradas en el registro de la propiedad. (Ya que según la ley no dan validez a ninguna de estas dos cosas). Pero si se tiene que dar por valido que el estado hiciera muchas cosas mal (como no deslindar en su día las fincas, o propiedades particulares)

Conclusión: como los políticos en nuestra región no tengan una firme voluntad de ayudar a sus ciudadanos sino que solo miren el interés de unos pocos (los que quieren administrar todo a favor de…) porque esta ley es inexplicable que quieran quitarles a unos para dárselos a otros. (Caso de empresas maderistas, canteras…) se ve que esto va a terminar muy mal para 12.000 propietarios legítimos.