Nadie quiere salvar la ria

La cuenca del Saja Besaya, la zona más contaminada de Cantabria, se enfrenta a la demolición de su única estación depuradora, sin que las autoridades acuerden una alternativa. 

Volcada en la actividad fabril desde principios del siglo XX, Torrelavega se convirtió durante ese siglo en el principal foco industrial de Cantabria y uno de los más importantes del norte de España. Fábricas químicas (como Solvay, Sniace, ASPLA o Firestone), talleres y fundiciones, minas y empresa auxiliares acumularon un impacto terrible sobre el medio ambiente de la comarca, al tiempo que las poblaciones cercanas a las fábricas crecían sin medidas que acompañaran el creciente impacto humano, hasta convertir los ríos locales (la cuenca Saja-Besaya) en un estercolero.

En un país en que durante décadas ha sido más productivo pagar multas (en caso de haberlas) por contaminar, que asumir medidas para solventar el problema no sería hasta comienzos del siglo XXI cuando las autoridades regionales tomaran conciencia de la grave situación ambiental y tomaran medidas “integrales”.

En 2001, el consejero del PP José Luís Gil presentaba un amplio programa de recuperación medioambiental para la cuenca del Saja-Besaya que incluía una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en las marismas de Cortiguera (también llamada Vuelta Ostrera). El EDAR depuraría las aguas residuales de unos 370.000 habitantes y casi un centenar de industrias y explotaciones ganaderas, convirtiéndose, con sus 24 millones de presupuesto, en el motor del ambicioso Plan Saja-Besaya, dotado de 145 millones de euros de inversión, y que incluía la construcción de 82 kilómetros de colectores, 12 estaciones de bombeo y un emisario submarino que enviaría los vertidos depurados a varios kilómetros de la costa. 

A mitad del plan los caprichos de la política hicieron que el nuevo consejero de Medio ambiente surgido de las elecciones de 2004, el independiente propuesto por el PSOE José Ortega Valcarcel, pusiera en cuestión todo el plan, tachándole de “poco transparente, clientela en sus planteamientos e improvisado”, entre otras lindezas. Para el nuevo gobierno de regionalistas y socialistas el plan resultaba una hipoteca política y económica que el nuevo gobierno no estaba dispuesto a asumir, dado que la conserjería adolecía de una “grave escasez de recursos materiales y humanos y de una gran falta de estímulo y motivación de su plantilla”. 

Aunque el nuevo consejero mostró en aquel momento su intención de poner en marcha un proyecto alternativo basado en un “nuevo programa hidrológico integral,  un plan territorial del paisaje, así como planes de residuos, desarrollo ambiental sostenible, educación y documentación ambiental y una revisión de la recién aprobada Ley de Saneamiento y Depuración”, lo cierto es que el gobierno, más allá de sus buenas ideas y el prejuicio a las de los contrarios, se encontró en aquel 2004 con problemas muy graves encima de la mesa que pronto se vio, no sabia como resolver.

De un lado, el centro de todas las acciones, el EDAR de Vuelta Ostrera estaba terminado, con su factura de 24 millones de euros encima de la mesa así como la exigencia de saneamiento de los ayuntamientos. De otro, grupos ecologistas (como ARCA) y varias asociaciones ciudadanas proseguían con éxito su carrera judicial contra la depuradora.

Por encima de su necesidad, el anterior gobierno había cometido un grave error, levantarla en dominio público litoral, ocupando 87.450 metros cuadrados del estuario del río Besaya, cuando en la zona había diversas alternativas “legales”, en un radio inferior a los tres kilómetros.

Era el año 2004, y en medio de acusaciones políticas cruzadas y mucha falta de dialogo, la estación estaba terminada, pero la sentencia del Supremo era clara, había que derribar el edificio y restituir el paisaje.

Desde entonces pocas nuevas ideas para salvar la cuenca del río se han visto, la depuradora

Funciona con éxito (manteniendo las aguas del río y de la costa como nunca se habían visto) y las autoridades han agotado todas las vías legales para impedir el derribo, sin éxito. 14 años en los que la ecologista ARCA ha llevado a cabo numerosas medidas legales contra la estación y las autoridades, obteniendo no solo el apoyo judicial, si no, incluso, el del gobierno de la nación, en ambos casos con un mensaje claro, hay que tirar la depuradora y levantar una nueva.

Llegados a este punto puede parecer que 14 años son bastantes para llegar a un acuerdo, levantar una nueva depuradora y hacer lo posible para que las aguas de la zona no recuperen el típico color “chocolate con tropiezos” que tenían antes de 2004. 

Esta semana, el ministerio de fomento sacaba a licitación el derribo del EDAR y la recuperación ambiental de la marisma de Cortiguera por 360.000 euros, lo que convierte en inminentes las tareas de derribo sin que exista alternativa. Más aun, sin que exista suelo disponible posible, por una razón que un medio digital describía muy gráficamente hace unos días con la frase “nadie quiere la mierda”, entendido como que ningún municipio de la zona (y lo han manifestado todos de manera categórica) quiera las tuberías, las zonas de bombeo, los lodos y los demás incordios de la planta.

Siete son las alternativas propuestas por Fomento, sin que hasta el momento se vislumbre un atisbo de consenso. Tan solo una cosa parece clara, todos quieren repetir la idea, pero en casa del (ayuntamiento) vecino: juntar toda la porquería, depurarla en un gran edificio y soltarla al mar lo más lejos posible de la costa. 

Desde Equo y Podemos se ha venido defendiendo la viabilidad de una vieja zona industrial la llamada Isla de Solvay o Isla Monti. Para David Barredo, portavoz de Podemos en la comarca el problema no es solo de ubicación si no de cómo quiere afrontarse el problema. La Isla Monti”, una antigua cantera en mitad del río, explotada por la empresa química Solvay hasta 2006 debería albergar una planta de una tecnología diferente, la fitodepuración, por ser más sostenible medioambientalmente, barata y con experiencia en otras zonas de Cantabria. Además es preciso un sistema de separación, en el tratamiento, de las aguar residuales, los vertidos industriales y las aguas pluviales.

Para el político, levantar el nuevo EDAR en otro punto cercano afectaría a las marismas de Cuchia. Ese emplazamiento obligaría a la construcción de un emisario de tres kilómetros que afectaría a la Zona de Especial Protección Ambiental (ZEPA) de la Isla Conejera, en la que se encuentran importantes colonias de aves como el Paiño Europeo y el Cormorán Moñudo. 

Los ecologistas parecen compartir esta opinión, defendiendo esa nueva ubicación “por tener suelos degradados formados por residuos industriales, que deben ser retirados; por ser un lugar alejado de los núcleos vecinales, con una cuenca visual reducida; por ser una zona cercana a la actual EDAR y para rentabilizar las infraestructuras existentes, estando a poco más de1 km de la A-67, evitando molestias con el trasiego de camiones para la construcción y la retirada de lodos, como ocurrirá en otras alternativas. Además la zona tiene una “Huella de Carbono” baja en la fase de explotación. No tiene afección a acuíferos y con una reducida superficie de servidumbre de colectores”, nos explicaba desde Ecologistas en Acción. 

Pero el tiempo sigue jugando en contra. La isla Monti fue un erial en la época industrial, pero en estos ocho años la naturaleza la ha vuelto a colonizar, llenándola de aves acuáticas, insectos y anfibios que viven en los humedales que han creado los acuíferos y la labor de recuperación ambiental emprendida por la química como obliga la ley, y que quedaría perdida con la obra. 

El juego político y judicial parece que seguirá durante mucho tiempo, la falta de escucha a los entendidos también y el riesgo de deterioro de la ría y de muerte del ecosistema más.