Javier Ruiz Vila / EPE 2013. Enredados
Desde donde mires, Sniace forma parte del perfil urbano de la ciudad, de
su historia y de su corazón. “Cada puesto de trabajo de la factoría representa
2,8 puestos indirectos en su comarca”, nos explican en el departamento de empresas
de la Universidad ,
que hace pocos meses ha cerrado un estudio sobre el tema. Formada por diez
empresas dedicadas a actividades que van desde la explotación forestal hasta la
fibra sintética y la celulosa, pasando por los biocombustibles, la producción
energética y el tratamiento de residuos, el grupo Sniace es el ejemplo de una
lucha agónica de sus empleados desde 1991. Es la lucha obrera más prolongada de
la industria española.
“En 1991
comenzaron los EREs y los despidos, en el 93 los grandes encierros, desde
entonces negociaciones y sacrificios laborales de todo tipo. En dos décadas
hemos pasado de 4000 trabajadores a 490. Muchos de los cuales han vivido estos
años, con la angustia de perder su casa, su empleo y su vida, o son hijos y
nietos de trabajadores, y llevan 20 en lucha y en alerta, un desgaste emocional
difícil de sobrellevar”. Y él es uno de los que lo padece, Miguel de Dios,
hasta hace unas fechas enlace sindical, y hoy en regulación de empleo.
Su primer
gran problema fue la modernización. En los duros tiempos de la reconversión, en
los 90, la empresa tuvo que adaptar su obsoleta tecnología, propia de un
mercado cerrado como el franquista, poco competitivo, a los nuevos tiempos, y
con la losa de un socio financiero, Banesto, que sumido en su propia crisis
precisaba desinvertir a cualquier precio. Tras aquello la empresa pudo superar
la situación renegociando deudas, reduciendo plantillas y enajenando buena
parte de su patrimonio. Algunas empresas del grupo desaparecieron y con ellas
miles de empleos. Los que quedaban debieron hacer frente al segundo reto.
Sniace era una empresa sucia, un ejemplo de telediario de la contaminación, y
con una ciudad cansada de los malos olores de sus chimeneas, de un rio
mortecino y de tanta lucha callejera. Con el apoyo de los sindicatos, la
empresa inició hace diez años una de las apuestas ambientales más grandes de
Europa. Un EDARI (Estación Depuradora de
Residuos Industriales), una planta de lavado, una planta biofiltros,
analizadores de gases de cogeneración y una planta de zinc. Más de 61 millones
de euros salidos de la reducción de costes y un importante cambio en la
orientación productiva. De contaminar a limpiar y crear energía. Pero no ha
sido suficiente. Con unas cuentas de resultados positivos hasta 2012, pero muy
ajustados, lo que la CNMV
llegó a llamar el milagro Sniace, se ha vuelto a desplomar. Pese a depurar
todos sus residuos, y contar con un moderno EDARI, la Confederación
Hidrográfica cobra a la empresa un canon de vertidos, que se
une al que también se paga al gobierno regional, y que en este último año, ante
la situación presupuestaria se ha elevado en un 70%. 7 millones de euros
anuales por no contaminar, al tiempo que las depuradoras de la empresa trabajan
a medio rendimiento por falta de acuerdo para conectarlas a las redes urbanas
de saneamiento y así amortizar los equipos.
Todo por
una mala planificación de la administración en el diseño de sus redes. Con
todo, Sniace seguía viva. La política del gobierno, sin embargo, precisa más
fondos para tapar el agujero fiscal español. Ante ello, el ministerio de
industria anunció hace unos meses el céntimo verde, un impuesto que graba en un
7% la producción de energía eléctrica. Además impone tipos impositivos para el
consumo de gas, carbón y fuel-oíl. Es decir , graba la producción de
electricidad y la materia prima con que se produce. En el caso de Sniace, al
generar electricidad con una central de ciclo combinado (produce con gas y
carbón), estamos hablando de 3
impuestos. Tras negociaciones y protestas, el gobierno regional ha conseguido
arrancar al ministerio la promesa de reducir casi un 77% el impuesto que graba
el consumo de gas pero el resto continua igual.
Un ejemplo
de lo gravante que es lo encontramos en el cierre de la central nuclear de
Garoña, y en los problemas financieros surgidos en las otras grandes empresas
cántabras, como Textil Santanderina, Solvay o Bridgstone.
En julio
termina el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) planteado a 330
trabajadores de las plantas que quedan en pie, tras el cierre definitivo de
papelera. Y nadie dice nada. Entre una confusa ceremonia de negociaciones, cada
viernes, más de 330 familias procesionan por la ciudad, bajo la lluvia,
recordando cuanto empleo y riqueza han dado a la comarca, desde su fundación en
1940, y mendigando que el resto de la ciudad les apoye una vez más
Con el
presidente regional Ignacio Diego
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