lunes, 6 de marzo de 2017

Pobreza energética



Si de algo estamos seguros es de que la crisis ha cambiado nuestra vida en todos los aspectos. Pero, ¿hasta qué punto? Conocemos el drama de las personas incapaces de afrontar su hipoteca, o incluso de alimentar a su familia, pero como en todo, existen unos grandes olvidados: gente que no puede permitirse ni luz, ni gas, ni agua. Es la historia de la pobreza energética, una verdad incómoda de la que apenas somos conscientes.


La pobreza energética es una realidad difícil de definir con exactitud, debido a la cantidad de factores que intervienen en ella. Sin embargo, por regla general se consideran tres: la renta familiar, los precios de la energía y la eficiencia energética de la vivienda. Si la suma de estos tres factores hace que la familia tenga que destinar más del 10% de sus ingresos al pago de servicios energéticos, consideramos que se encuentra en una situación de pobreza energética.


Son datos estrechamente relacionados con la crisis económica que viene sufriendo nuestro país desde 2008, y especialmente con el paro. No podía ser de otra forma, siendo España el país de la Unión Europea con la segunda mayor tasa de desempleo.


Los sueldos míseros o inexistentes, el disparo de los precios de la energía (un 60% desde 2007 y hasta un 104% en la última década) y la precariedad de los españoles han hecho el resto. Ya en 2010 el 10% de los hogares españoles no podían permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Dos años más tarde, en 2012, el número volvió a aumentar de forma alarmante hasta el 16,6%.


Unos 7 millones de personas que se mueren de frío o de calor, pues no hay que olvidar que el problema continúa en verano. Y según un estudio de las Naciones Unidas, la pobreza energética causa, literalmente, hasta 10.000 muertes prematuras cada año como consecuencia de diversas enfermedades. El asma, la artritis, el reumatismo, la ansiedad... Vienen derivados de los cambios de temperatura, el frío o la humedad existentes en estas viviendas. Los más afectados son niños y ancianos, especialmente estos últimos, que corren el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y respiratorias muy severas.


Esta situación insostenible es la que ha derivado en la organización de grupos ciudadanos que, a pesar de no tener la atención mediática que han conseguido otros movimientos como pueden ser el de Gamonal o la denominada “marea blanca”, trabajan de forma activa y muy persistente. Uno de ellos es la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, un colectivo que no sólo denuncia, sino que propone soluciones en este terreno.


En su opinión, la energía es un bien común y esencial, y como tal debe estar garantizada. Para conseguirlo, “es necesaria una reforma en profundidad del sistema, con medidas concretas que protejan a los consumidores más vulnerables”. Algunas de esas propuestas son, entre otras, el establecimiento de un sistema público de precio social para las personas con rentas más bajas, la aplicación de un IVA reducido o la que más ha dado qué hablar; la llamada “tregua invernal”: una medida por la cual se ilegalizan los cortes de suministro a las personas en situación de precariedad económica.


No fue hasta diciembre del año pasado que esta iniciativa de “tregua invernal” llegó al Congreso de los Diputados, a través de una propuesta de ley realizada por la Izquierda Plural. Sin embargo, no se dio pie al debate ya que fue rechazada con el voto en contra del Partido Popular en su mayoría absoluta. Una notable diferencia con respecto a otros países como Reino Unido, también de gobierno conservador, donde esta política de protección se aplica desde hace ya tiempo. Los británicos se han convertido en pioneros en el estudio de la pobreza energética, y cuentan con una estrategia global para acabar con ella para el año 2016.


El problema está ahí fuera, pero las soluciones también. No podemos seguir viviendo en un país donde existen personas forzadas a decidir entre comer o pagar sus recibos, y en el que se vulnera un derecho constitucional con tanta facilidad. Como tampoco queremos seguir viviendo en un país cuyo gobierno parece decido a defender con uñas y dientes las ganancias de las grandes compañías energéticas. Al fin y al cabo, ¿no es deber del Estado proteger a los más débiles? Pregúntenselo al capitalismo.



Candela Marcos
Colegio La Paz, Torrelavega (Cantabria)



Imagen Cataluña vanguardista


 

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