El Cuco, el monte que se convirtió en nada

Corría el año 2004 cuando la inmobiliaria FADESA presentaba una macro urbanización de lujo a un paso de Santander, en la localidad de Mompía. El proyecto pretendía construir 400 viviendas en la ladera del Monte de la Picota. Eran los años en que España aún vivía una expansión inmobiliaria sin límites y en los que la gente pagaba por cualquier casa sin mucho miramiento. El Ayuntamiento de Piélagos dio pronto las licencias, ante la posibilidad de incrementar de forma rápida sus contribuyentes y vecinos y la comisión regional de urbanismo (CROTU) dio su visto bueno con igual presteza. Pero esta urbanización sería distinta, su construcción requería la destrucción de la mitad de la montaña y arrasar un espacio de interés natural y paisajístico, pese a todos los informes de impacto ambiental fueron favorables.

El proyecto llegaba justo después de que se iniciasen los primeros expedientes judiciales contra urbanizaciones que se habían construido en el mismo límite de la costa, cuando no sobre dunas o arenales. Expedientes de derribo iniciados a instancias de las denuncias de una organización ecologista que había dicho basta a la destrucción medio ambiental que se iniciaba en Cantabria, ARCA.

El problema era de actitud política pero partía también de que las normativas administrativas todavía permitían actuaciones como esa al no haber incorporado en aquella época las normas medioambientales ni las directivas europeas.

Medios y ecologistas se movilizaron y consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria declarase ilegal la construcción en 2007 y el Supremo en 2011. Para entonces las casas estaban hechas, el monte destruido, la burbuja inmobiliaria pinchada y FADESA en concurso de acreedores, no había marcha atrás.

El proyecto había destruido media montaña, sobre todo, la falda, con una intervención estéticamente fea, muy de estilo americano, que rompía todo con toda la arquitectura de la zona. Una ciudad dormitorio sin servicios que durante el día era un paraje fantasma. Pero el ayuntamiento ya había cobrado las licencias y hecho su negocio.

¿Cómo fue posible? Los especialistas en urbanismo se encontraron ante un laberinto legal que impidió actuar a tiempo. De hecho, a tenor de las normas de la época, totalmente desfasadas, el proyecto tuvo la evaluación de impacto ambiental  positiva, y el informe del gobierno de Cantabria dijo que había sido respetuoso con el medio ambiente.

La presión de ARCA obligó posteriormente a un nivel de exigencia legislativa mayor, pero el caso de esta urbanización, conocida como “El Cuco” no iba a ser el último. Muchos ayuntamientos siguieron considerando humedales, litorales y zonas boscosas como urbanas por estar cerca de un núcleo de población, ese era otro de los problemas las continuas recalificaciones de terrenos que convertían, sin miramientos las zonas rústicas, donde no se puede edificar, en rústicas, algo que los vecinos no denunciaban, pues les beneficiaba. Fue una época de venta de tierras y cierre de explotaciones ganaderas.

La tercera pata del banco se encontraba en la ignorancia de muchos ayuntamientos que pusieron en marcha planes de urbanismo que entraban en manifiesta contradicción con leyes superiores. Cuando la justicia quiso actuar era tarde.

La sentencia sobre “El Cuco” distribuyó las responsabilidades. Primero el ayuntamiento, que había dado las licencias; luego la comisión regional de urbanismo, en base a cuyas normas se dan esas licencias y, en tercer lugar, la constructora que hace los pisos. El problema en este caso es que la empresa quebró, desapareció y no tiene recursos suficientes para afrontar su responsabilidad, por lo que los responsables subsidiarios van a ser el Gobierno Regional y un ayuntamiento que no tiene tantos recursos como se le piden, para lo que el gobierno regional le a abierto una línea de crédito. A día de hoy, FADESA sigue vendiendo casas en las zonas próximas para lograr liquidez.

Tras un lustro de recursos las palas acabaron con la urbanización y retirando el escombro. Más allá del coste, dos enigmas quedan sobre la mesa. ¿Cuánto está costando llevar los escombros a depósitos especiales de Vizcaya? ¿Quién va a afrontar la restauración de un monte donde faltan millones de metros cúbicos de tierra? Y más aún, ¿cómo se evitará que el hueco dejado por la urbanización, sin sujeción no se desplome ante un periodo lluvioso?

Parte de los estas preguntas se originan en un hecho que España aún no ha solucionado. “Los políticos que toman esas decisiones no sufren ningún tipo de consecuencias, algo insólito en la vida civil. Quizá si quienes toman estas decisiones supieran que iban a afrontar las consecuencias sobre sí mismos, se cuidarían mucho más de tomarlas”, nos cuenta el periodista Óscar Allende, director de El Faradio, uno de los mejores conocedores de este caso.

Y no hemos hablado de las personas. La gente honrada que compro su vivienda creyendo que era legal. AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración estima en casi doscientas familias las afectadas. Gente que lo compró sobre plano o por Internet, ante el reclamo de una urbanización idílica cerca de la costa cántabra y legal.

¿Qué falla para que estos casos se produzcan tan reiteradamente y no se frenen a tiempo? Le preguntamos a Allende.

“Pues falla que no hay vigilancia adecuada, que la administración no clarifica las normativas ni vela porque no se produzcan contradicciones entre ellas. Falla que hay políticos sin sensibilidad. Falla que no hay control y seguimiento de los expedientes, por dejadez. Falla que hay quienes ven en la naturaleza un recurso para las instituciones y pasa sus bolsillos, no ven en un monte más que dinero, sin percatarse de que paisajes bonitos hay en todas partes y cuando se masifica y se destruye la naturaleza se vuelve contra nosotros matando a la gallina de los huevos de oro del turismo. Falla que no hay mecanismos, como estamos viendo, para prevenir la corrupción. Falla que los conocimientos legales de muchos concejales no pasarían un mínimo examen”.

A pesar de las explicaciones seguimos teniendo una duda. Siempre hay gente honrada que se anticipa a estas situaciones. ¿Nadie se dio cuenta y lo intento frenar? “La única persona que se mostró crítica con lo que pasaba fue Miriam García, la Directora General de Ordenación del Territorio, arquitecto de profesión y con mucho prestigio acumulado, que redactó el POL, el Plan de Ordenación  del Litoral, redactó esas normas y enseguida se marchó del gobierno. Ella dice que nadie estuvo a la altura de las circunstancias con el alto del cuco. Nadie, ni el gobierno ni el ayuntamiento ni la empresa, ni los propios ciudadanos, simplemente ARCA que fue la que se movilizó la que más busco frenarlo y la que finalmente conseguiría acabar con el proyecto”

Lo triste de toda esta historia es que aún quedan en Cantabria, y en otras regiones, otros Cucos. En la actualidad, el gobierno regional no sabe como afrontar la destrucción del bosque de Loredo (en la Bahía de Santander) situado en una finca particular dentro de un espacio protegido, con lo que tras varias paralizaciones y otros tantos permisos, medio bosque ha desaparecido. Y quedan aún sentencias firmes de derribo de urbanizaciones declaradas ilegales hace 20 años y que siguen sin solucionarse. Estamos hablando de municipios como Ribamontán, Piélagos, Mogro, Ampuero… Los ayuntamientos, lo único que ha hecho es sucesivos planes urbanos para legalizar las casas, no indemnizar a los propietarios al derribarles su vivienda y no hacer frente a los trabajos de derribo, pero los tribunales han ido tumbando esos planes uno tras otro, en una huida hacia delante que busca que prescriban los delitos y las casas queden ahí.

Y hay otra forma de hacer las cosas, no hay más que cruzar a Asturias, comparar cómo se ha protegido una costa y otra. Mientras tanto, seguiremos viendo como nuestras costas y montes, siguen menguando.

David Iglesias, Izan Crespo